El 5 de mayo de 2015, mediante un acto público de presentación de la Declaración Iglesia por el Trabajo Decente, las entidades y organizaciones de inspiración cristiana Cáritas • Conferencia Española de Religiosos (CONFER) • Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) • Justicia y Paz • Juventud Estudiante Católica (JEC) • Juventud Obrera Cristiana (JOC) se comprometían, en este espacio de coordinación, a favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas: el trabajo humano y anunciar el concepto de trabajo decente «hacia el interior de nuestras organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad».
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7 Octubre
Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) se suma, impulsa y convoca el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con motivo de esta Jornada, que es compartida con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el movimiento sindical mundial y el movimiento mundial de trabajadores cristianos, se convoca durante ese mes, en las diócesis del país, gestos y actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente. ITD favorece estas dinámicas sobre una cuestión central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas: el trabajo humano decente.
Manifiesto para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2017.
Las organizaciones que apoyan la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente constatan que el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad.
Garantiza un salario mínimo vital, la libertad de asociación sindical, la participación de quienes trabajan en los asuntos de la empresa, el respeto de la negociación colectiva, el respeto de los convenios, la igualdad de trato entre las personas, la salud y seguridad en el trabajo, la protección social de quienes trabajan y de las personas a su cargo, la protección contra el despido, el acceso a la formación y el aprendizaje permanente y el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral.
En España estamos asistiendo a un crecimiento del trabajo precario, que se presenta bajo las formas de la contratación temporal, la contratación a tiempo parcial y el empleo autónomo ficticio.
El empleo precario afecta principalmente a las personas más vulnerables, que corren riesgo de discriminación, pobreza y exclusión (personas con capacidad funcional diversa; personas con un origen étnico, religión o creencia minoritaria; personas jóvenes y mujeres).
La juventud se ve particularmente afectada por el trabajo no voluntario a tiempo parcial, el empleo autónomo ficticio y el trabajo no declarado. Un buen número de jóvenes está abandonando España en busca de mejores oportunidades de empleo.
Una remuneración insuficiente para una vida digna, condiciones laborales que dificultan la consecución de un proyecto vital a largo plazo; falta de perspectivas; la vulnerabilidad de la persona ante un retroceso en derechos laborales y un entorno laboral que atenta, en muchos casos, contra la salud e integridad del trabajador son el rostro visible de una economía al servicio del capital, donde la persona es un mero instrumento que sirve y es utilizada en función de los intereses que marca el mercado. Esta concepción, en cuanto no pone a la persona y su dignidad en el centro, es contraria al proyecto del Reino de Dios y no puede ser, en ningún caso, aceptada desde una mirada cristiana de la vida.
La lucha contra la precariedad y por el trabajo decente nos exige y nos lleva a reclamar:
Luchar contra el trabajo no declarado, la economía informal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
Revindicar y trabajar por el establecimiento de una sólida base jurídica de derechos laborales, la implicación de los interlocutores sociales y los comités de empresa en el lugar de trabajo y el reforzamiento de la inspección laboral y de la jurisdicción social.
Apostar por la creación de empleo de calidad, garantizar los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social así como la igualdad.
Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes. Quienes trabajan deberían poder acumular, con sus cotizaciones, ingresos que garanticen una seguridad en situaciones como el desempleo, la enfermedad, la edad avanzada o las pausas en la vida laboral para el cuidado de hijos u otras personas o para la formación.
Establecer una Garantía de Capacidades que permita apoyar trayectorias profesionales que posibiliten la adaptación a las diferentes situaciones que una persona puede verse obligada a afrontar durante su vida a través, en particular, de la formación profesional permanente.
Garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres mediante una respuesta global dirigida a reducir el trabajo precario y una cobertura adecuada de seguridad social. Se debe combatir la discriminación contra la mujer, la brecha salarial, el techo de cristal, el acoso psicológico y el acoso a las empleadas embarazadas.
Apostar por condiciones de trabajo dignas para todas las primeras oportunidades de experiencia laboral de jóvenes, como períodos de prácticas, de aprendizaje o cualquier oportunidad en el marco de la Garantía Juvenil.
Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados financieros con los mercados productivos.
Acompañar a las personas en situaciones donde la ausencia del trabajo decente provoca inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales, propiciando respuestas individuales y colectivas que alumbren caminos de esperanza.
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